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EL GOBIERNO RECHAZA EL INTENTO DE BLINDAR COMO BIC LA CRUZ DE LOS CAÍDOS DE CÁCERES

Desde AMECECA reclamamos el archivo definitivo del expediente impulsado por la Junta y el cumplimiento de la resolución que ordena retirar el monumento franquista. Los propios historiadores citados para fundamentar su protección han denunciado el uso descontextualizado de sus investigaciones.

La pretensión de convertir la Cruz de los Caídos de Cáceres en Bien de Interés Cultural (BIC) encuentra cada vez más argumentos en contra. A las alegaciones presentadas por las asociaciones memorialistas se suma ahora la posición expresada por el propio Gobierno de España: la protección patrimonial no puede utilizarse como instrumento para mantener en el espacio público un símbolo contrario a la memoria democrática.

La directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, ha defendido en Cáceres que la figura de Bien de Interés Cultural no puede emplearse para proteger un símbolo contrario a la memoria, recordando además que el Gobierno central ya ha requerido su retirada.

Para AMECECA, esta posición viene a confirmar lo que venimos denunciando desde que la Junta de Extremadura decidió incoar el expediente para declarar BIC la Cruz de los Caídos: no resulta razonable intentar otorgar la máxima protección patrimonial a un monumento cuya retirada ha sido requerida en aplicación de la legislación estatal de memoria democrática.

Una Cruz que nació como monumento de exaltación franquista

Conviene recordar algo que ningún intento de resignificación puede borrar: la Cruz no apareció en la plaza de América como un elemento urbano neutral. Fue concebida durante la Guerra Civil y construida e inaugurada en 1938 como monumento a los «caídos», dentro del contexto político e ideológico del bando franquista. La propia documentación manejada en el expediente BIC reconoce ese origen. Desde AMECECA hemos sostenido reiteradamente que retirar en 1984 las inscripciones y referencias franquistas más evidentes no cambia el origen del monumento, la finalidad para la que fue levantado ni su significado histórico. Quitar unas inscripciones no puede reescribir retrospectivamente la historia de la Cruz ni convertirla en un monumento nacido bajo valores democráticos. Por esa razón rechazamos la pretendida «resignificación» como argumento suficiente para justificar su permanencia y, mucho menos, para concederle la máxima protección contemplada en la legislación patrimonial extremeña.

Los historiadores citados por la Junta cuestionan el uso de sus propios trabajos

Uno de los aspectos más graves del expediente BIC es precisamente la utilización de investigaciones académicas para construir su fundamentación histórica.

Dos de los especialistas cuyos trabajos aparecen citados, César Rina Simón, profesor titular de Historia Contemporánea de la UNED, y Miguel Ángel del Arco Blanco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y especialista en las cruces de los caídos, han cuestionado públicamente el sentido dado a sus investigaciones. Rina fue especialmente contundente: calificó de «torticero» el modo en que se había utilizado su trabajo y reclamó que su nombre fuera retirado del expediente. Según explicó, se habían seleccionado afirmaciones aisladas y descontextualizadas hasta hacerlas servir para una interpretación que no comparte. Del Arco también manifestó su rechazo. El historiador ha defendido el carácter de las cruces de los caídos como símbolos de exaltación franquista y se ha pronunciado expresamente a favor del traslado de la Cruz cacereña. Además, forma parte de la comisión de expertos vinculada al catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática. Esto resulta especialmente significativo: dos de los especialistas invocados documentalmente por la Junta no solo no avalan la conclusión política que pretende justificar la protección del monumento, sino que han cuestionado públicamente la utilización que se ha hecho de sus investigaciones.

La Junta ha negado cualquier manipulación y sostiene que los trabajos fueron utilizados únicamente como fuentes documentales sobre el origen y contexto histórico de la Cruz, sin atribuir a los investigadores una posición favorable a su declaración como BIC. Pero desde AMECECA entendemos que esta controversia debilita seriamente la fundamentación histórica y científica esgrimida en el expediente, razón por la que incorporamos esta cuestión a nuestras alegaciones y reclamamos su archivo.

¿Dónde está la excepcionalidad que justifica un BIC?

Porque esta sigue siendo una pregunta esencial. La declaración de Bien de Interés Cultural no debería convertirse en una fórmula administrativa para impedir la retirada de un símbolo franquista. Debe justificarse mediante auténticos valores históricos, artísticos, arquitectónicos o culturales merecedores del máximo grado de protección.

Desde AMECECA sostenemos que la Cruz no reúne esa excepcionalidad, singularidad o relevancia patrimonial. Las características materiales del monumento y la documentación incorporada al expediente no justifican, a nuestro juicio, semejante nivel de protección.

No es una imposición de Madrid: llevamos más de una década reclamando su retirada

Frente al intento de presentar la retirada como una decisión impuesta desde fuera de Cáceres, desde AMECECA debemos volver a recordar nuestra propia trayectoria.

Llevamos desde 2015 reclamando la retirada de la Cruz.

Durante estos años nos hemos dirigido a distintas administraciones, incluido el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura, gobernadas por partidos diferentes. Ante la falta de una solución efectiva, recurrimos al Gobierno de España y posteriormente, con la aprobación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, solicitamos formalmente la actuación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Por tanto, no hay ninguna imposición ajena a Cáceres. Existe una reivindicación nacida en Cáceres, sostenida durante años por víctimas, familiares y movimiento memorialista, que finalmente encontró respuesta en la Administración General del Estado.

Proteger a las víctimas, no blindar los símbolos de la dictadura

Desde AMECECA defendemos el patrimonio histórico de nuestra ciudad, pero precisamente por respeto a la Historia creemos que no puede confundirse patrimonio con exaltación ni conservación con impunidad simbólica. La Cruz posee un indudable significado histórico, pero tener significado histórico no obliga a mantener un monumento en el lugar de honor que ocupa en el espacio público ni justifica declararlo Bien de Interés Cultural.

La memoria del franquismo puede y debe estudiarse. Puede conservarse documentación, fotografías, planos y testimonios. Puede explicarse en museos, centros de interpretación y espacios contextualizados. Lo que rechazamos es que esa memoria histórica se utilice como argumento para perpetuar en un emplazamiento privilegiado de la ciudad un monumento levantado originalmente para honrar a los vencedores de una guerra y convertido durante décadas en escenario simbólico de la dictadura. Los historiadores citados en el propio expediente han documentado precisamente ese contexto franquista. La memoria democrática no pretende borrar la historia. Pretende contarla completa, también desde la perspectiva de quienes fueron perseguidos, represaliados y asesinados.

Por todo ello, desde AMECECA reiteramos nuestra posición: la Junta de Extremadura debe archivar definitivamente el expediente de declaración BIC y las administraciones competentes deben cumplir la resolución estatal que establece la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América. No se trata de borrar el pasado. Se trata precisamente de no seguir otorgando en el presente un espacio de privilegio a los símbolos que representaron una dictadura.

La democracia no necesita proteger los símbolos del franquismo. Necesita preservar la memoria y la dignidad de sus víctimas.

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